ECUADOR PAÍS MARÍTIMO

Mario Alberto Palacios Moreno

Publicado en Revista Carácter Volumen 1 – Diciembre 2012, Universidad Del Pacífico

 

En este artículo se realiza una descripción de los principales aspectos que, a juicio del autor, caracterizan a Ecuador como un país marítimo y de la manera como actualmente se está reaccionando ante esta realidad para tratar de hacer el mejor aprovechamiento posible de esta condición, en un mundo con economía globalizado y con retos ambientales y sociales tan importantes como el cambio climático global y la lucha contra el hambre y la pobreza extrema.

Algunos hechos concretos como: que el Ecuador posee más de un millón de kilómetros cuadrados de mar territorial (DIGEIM, 2004), que equivale casi a cuatro veces su territorio consolidado, sumados tanto el insular como el continental; que cuenta con el Archipiélago de Colón, conocido mundialmente como “las islas Galápagos”, uno de los sitios más emblemáticos de la tierra por su papel determinante en la promulgación de la Teoría de la Evolución de las Especies por Charles Darwin, consignada en su libro “El origen de las especies”, publicado en 1859, y por su gran cantidad de especies endémicas como la tortuga galápagos; que tiene gran riqueza de recursos renovables y no renovables representados tanto en biodiversidad como en abundante biomasa, producto de la presencia de los ecosistemas de las corrientes fría de Humboldt por el sur y de la corriente cálida Ecuatorial del Sur por el norte, sin olvidar que en su plataforma continental hay hidrocarburos, gas natural y muy probablemente minerales estratégicos, hacen que sea incontrovertible la afirmación de que Ecuador es un país marítimo por excelencia.

A lo anterior se puede sumar la proyección del territorio marítimo del Ecuador a las aguas cálidas de la  alta mar[1] del Océano Pacífico Oriental – OPO y a las aguas más frías y de alta productividad del Océano Pacífico Sur.  Este es un importante aspecto que considerar, si se evalúan las ventajas que ello representa en materia de aprovechamiento de recursos pesqueros tales como los atunes en el OPO y los grandes cardúmenes de pequeños pelágicos[2] como anchovetas, jureles y sardinas, entre otros, del Pacífico Sudeste.

Otros aspectos geográficos relevantes para el país marítimo son: su ubicación estratégica sobre el paralelo “0” o del Ecuador, que le facilita ser centro de distribución y logística regional del comercio marítimo ante su proximidad al Canal de Panamá, actualmente en proceso de ampliación, y la disposición de sitios privilegiados en sus costas para la ubicación de puertos de aguas profundas como el caso de Manta, en la provincia de Manabí y de Posorjas en la del Guayas, por citar los más destacados.

Junto a los hechos señalados se pueden citar antecedentes históricos importantes, como que Ecuador fue uno de los tres países pioneros a nivel mundial en proponer, de forma concreta y sustentada, extender la soberanía nacional en los mares hasta las 200 millas náuticas. En agosto de 1952, en Santiago de Chile, el Estado ecuatoriano, uniéndose a las tesis propuestas por los gobiernos de Chile y Perú, promulgaron la “Declaración de Santiago” en que los tres países, en  defensa de sus inmensos recursos vivos que en ese entonces estaban amenazados por las grandes potencias pesqueras y cazadoras de mamíferos marino, extendían su soberanía hasta las 200 millas náuticas. Esta teoría de los tres países del Pacífico sudeste, después de mucha oposición internacional, terminó por imponerse y ser recogida a nivel mundial por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar – CONVEMAR, en 1982. Esta Convención entró en vigor desde el 16 de noviembre de 1994, y recogió la teoría de las 200 millas de soberanía bajo la figura de la Zona Económica Exclusiva – ZEE.

Es interesante recordar que la medida de 200 millas propuesta en la anteriormente citada “Declaración de Santiago sobre Zona Marítima” de 1952, obedeció básicamente a que, en la caza de ballenas que se realizaba en el Pacífico Sudeste, los barcos efectuaban travesías máximas de hasta 200 millas costa afuera, distancia que les permitía regresar a tierra dentro del límite de 36 horas (navegando a una velocidad promedio de 5.5 nudos[3]) para evitar la descomposición de los cuerpos de los cetáceos[4] (principalmente los cachalote, 80% de la captura), que llevaban arrastrando a los lugares de procesamiento (Chiriboga, 1972).

Así mismo, es muy interesante ver en mayor detalle algunos apartes de la Declaración de Santiago sobre Zona Marítima, de 1952 y compararlos con los correspondientes de la CONVEMAR, para poder apreciar de mejor forma la magnitud de la contribución de los tres países miembros de la CPPS[5], en 1952, entre ellos Ecuador, a la normatividad internacional marítima.

En concreto se pueden compara los artículos I y II de la Declaración de Santiago sobre Zona Marítima, que dicen lo siguientes:

  1. Los factores geológicos y biológicos que condicionan la existencia, conservación y desarrollo de la fauna y flora marítimas en las aguas que bañan las costas de los países declarantes, hacen que la antigua extensión del mar territorial y de la zona contigua sean insuficientes para la conservación, desarrollo y aprovechamiento de esas riquezas a que tienen derecho los países costeros.
  2. Como consecuencia de estos hechos, los Gobiernos de Chile, Ecuador y Perú proclaman como norma de su política internacional marítima, la soberanía y jurisdicción exclusivas que a cada uno de ellos corresponde sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países, hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desde las referidas costas. (5)

Por su parte la CONVEMAR, en 1982, dice en el cuarto párrafo,  de su “Preámbulo” lo siguiente:

Reconociendo la conveniencia de establecer por medio de esta Convención, con el debido respeto de la soberanía de todos los Estados, un orden jurídico para los mares y océanos que facilite la comunicación internacional y promueva los usos con fines pacíficos de los mares y océanos, la utilización equitativa y eficiente de sus recursos, el estudio, la protección y la preservación del medio marino y la conservación de sus recursos vivos,… (29)

y luego señala en los artículos 56 y 57 sobre la Zona Económica Exclusiva lo siguiente:

Artículo 56 Derechos, jurisdicción y deberes del Estado ribereño en la zona económica exclusiva

  1. En la zona económica exclusiva, el Estado ribereño tiene: a) Derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho y el subsuelo del mar, y con respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación económicas de la zona, tal como la producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos; b) Jurisdicción, con arreglo a las disposiciones pertinentes de esta Convención, con respecto a: i) El establecimiento y la utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras; ii) La investigación científica marina; iii) La protección y preservación del medio marino; (51)

Artículo 57 Anchura de la zona económica exclusiva

La zona económica exclusiva no se extenderá más allá de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. (52)

Claramente se aprecia que hay coincidencias de fondo entre lo propuesto hace 60 años por los, en ese entonces tres, países del Pacífico Sudeste, incluido el Ecuador, y lo acordado 30 años después en la Convención de la Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.  Indudablemente, el espíritu de la Declaración de Santiago sobre Zona Marítima era la protección de los interese económicos, representados principalmente por los recursos vivos presentes en las aguas marinas próximas a sus costas, ante la amenaza de su sobreexplotación por las grandes potencias. 30 años después de la Declaración de Santiago sobre Zona Marítima, la CONVEMAR salvaguarda todos los intereses económicos de los países ribereños, mediante la creación de la figura de la Zona Económica Exclusiva de 200 millas, otorgándoles, entre otros, derechos de:

(…) soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho y el subsuelo del mar, y con respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación económicas de la zona, tal como la producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los viento (51).

Volviendo al tema de la razones por las cuales considerar al Ecuador un país marítimo, se puede señalar que actualmente el país es sede permanente de importantes organismos regionales marítimos como la anteriormente señalada Comisión Permanente del Pacífico Sur – CPPS,  que fue creada en el mismo escenario de la ya mencionada Declaración de Santiago de 1952 y que actualmente tiene como función principal la coordinación de las políticas marítimas de: Colombia, Chile, Ecuador y  Perú, en defensa de sus intereses marítimos comunes, para la promoción de su desarrollo sustentable, apoyados en las grandes riquezas que poseen en sus aguas y zonas costeras sobre el océano Pacífico.

Es precisamente en el escenario de la CPPS que también Ecuador, junto con los otros tres países que la conforman,  ha sido pionero en la adopción de otros mecanismos de protección de los recursos vivos ubicados más allá de sus aguas jurisdiccionales de 200 millas, como ocurrió en el año 2000, cuando se firmó el Acuerdo para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos de la Alta Mar del Pacífico Sudeste – Acuerdo de Galápagos, en respuesta de los cuatro países a las recomendaciones que hizo la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura  (FAO), sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes para proteger los recursos pesqueros de la Alta Mar, donde la pesca es libre, de la sobrexplotación, por lo que es necesario regularla, según lo prevén los artículos 116 y 117 de la COVEMAR.

Lastimosamente, el Acuerdo de Galápagos,  como se llama de manera abreviada a este importante instrumento jurídico regional, no ha entrado en vigor hasta la fecha, pero Ecuador es parte de otras Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero – OROPs, como se llama a estos mecanismos internacionales de conservación, como, por ejemplo, la Convención Interamericana del Atún Tropical, que busca proteger a este pez altamente migratorio de la sobrepesca en el océano Pacífico Oriental. También Ecuador jugó un importante papel en la negociación que creó la nueva OROP del Pacífico Sur[6], que busca el manejo sustentable de especies no altamente migratorias y transzonales[7], en esa enorme región del Pacífico Sur. Fue así como la quinta,  de las ocho rondas internacionales abiertas de negociación de la Convención que la creó, se realizó en Guayaquil, en marzo de 2008. La Convención fue aprobada en diciembre de 2009 y está disponible para la firma y ratificación desde esa fecha (Palacios, 2012).

Es bueno resaltar que la vigencia de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, como sistema regional de coordinación y cooperación en temas marítimos de la cuatro Estados miembros ha sido ratificada por los mismo en los diferentes escenario, en especial en sus Asambleas Generales y en sus Reuniones de Ministros de Relaciones Exteriores. De estas últimas se  han realizado siete y la octava se realizará en agosto de 2012. Además, de manera bilateral Ecuador y Chile, han ratificado este hecho como consta en el “Acta de la III Reunión del Consejo Interministerial Binacional Chileno– Ecuatoriano”, del 26 de julio de 2012, en donde textualmente se señala que los dos países:

Reafirmaron a la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) con sede en Guayaquil, como el organismo regional apropiado para la coordinación de las políticas marítimas de sus Estados Miembros y destacaron los avances hacia el fortalecimiento institucional de la organización, que el 18 de agosto próximo celebrará sesenta años desde que fuera establecida con el objeto de realizar los fines señalados en la Declaración de Santiago sobre Zona Marítima de 1952 (Gobiernos de las Repúblicas de Chile y Ecuador, 2012, 2)

No obstante todo lo anterior, el hecho de ser un país marítimo no solo trae ventajas y reconocimientos internacionales sino que conlleva la preparación para afrontar múltiples retos en diversos ámbitos y de gran envergadura. Por citar solamente algunos de ellos: la ubicación del país frente de la falla de subducción de la placa tectónica oceánica de Nazca debajo de la placa Sudamericana, entraña una permanente amenaza de tsunami por sismos  en el fondo marino, frente a las costas ecuatorianas, con tiempo de reacción mínimo (minutos), lo cual implica que el país debe  elaborar y difundir ampliamente y de manera urgente, los estudios científicos de las áreas de inundación y de impacto de las olas en las zonas de mayor vulnerabilidad ante esta amenaza, así como los correspondientes planes de contingencia y los procesos de capacitación y entrenamiento que su implementación demandan en todas y cada una de las poblaciones de su litoral costero e insular. Otros riesgos y amenazas no menos complejos y que requiere esfuerzos similares en materia científica y administrativa, son los fenómenos de variabilidad climática como “El Niño” y “La Niña”, más conocidos como “El Niño Oscilación del Sur”, sumados al Cambio Climático Global, donde los estudios, modelos de pronóstico y planes de adaptación y mitigación son esenciales para la planificación y toma de decisiones en el Ecuador (Palacios, 2012).

Finalmente, pero no por ello de menor importancia está el reto de manejar de manera sostenible los recursos de las zonas costeras y marinas, que en su gran mayoría tienen la particularidad de ser propiedad de todos, lo cual implica que se debe ser muy cuidadoso en su administración para que realmente beneficien a todos sus “propietarios”, pues cuando se trata de explotarlos, estos recursos son objeto de mucho interés y conflictos por uso y goce, pero cuando se trata de conservarlos, protegerlos y distribuir sus beneficios equitativamente, tienen pocos interesados en el asunto, por no decir ninguno.  Dentro de estos recursos están los ecosistemas estratégicos y de mayor productividad a nivel mundial como los manglares y los corales, así como las playas y los acantilados, de los cuales el Ecuador y todos los ecuatorianos son dueños pero de cuyo uso actualmente son pocos los que se benefician convenientemente. Por último a este panorama podemos sumar el reto de la preservación y conservación de los ecosistemas y recursos costeros de los crecientes efectos negativos de la contaminación proveniente, principalmente de fuentes terrestres, que cada vez más amenaza con mayor intensidad el equilibrio natural y por ende la seguridad alimentaria de los ecuatorianos, ya que el océano es fuente principal de alimentos y lo será aún más en el futuro cercano.

Para lograr el mayor provecho y minimizar las amenazas de los ciudadanos del país que viven en la zona costera e insular del Ecuador, que ya casi sobrepasan la mitad de la población del país[8], se requieren, entre otras cosas, instituciones fuertes en el ámbito público y privado que dirijan de manera profesional y coordinada las múltiples y complejas actividades que se deben realizar armónicamente para aplicar el concepto de Manejo Integrado Costero – MIZC. Es bueno recordar que el MIZC, siguiendo al experto Sorensen

es un proceso dinámico conforme al cual se desarrolla e implementa una estrategia coordinada para la asignación de recursos ambientales, socioculturales e institucionales tendientes a lograr la conservación y el uso sostenible plural de la zona costera” (Palacios, 2011, 35)

y que según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, por sus siglas en inglés), no es un sustituto de la planificación sectorial, pero se enfoca en los vínculos entre las actividades sectoriales a fin de alcanzar metas más completas. El concepto de MIZC data oficialmente de la Cumbre de la Tierra sobre Medio Ambiente y Desarrollo, de Río de Janeiro, de 1992 y quedó expresamente consignado en el capítulo 17 de la Agenda XXI, que fue uno de los documentos centrales emanados de la Cumbre de Río.

Para el caso del Ecuador, la institucionalidad especializada en temas marítimos incluye, entre otras, a la Armada Nacional que ejerce función de soberanía en las aguas jurisdiccionales nacionales y sus correspondientes zonas costeras; la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos – DIRNEA, que realiza la administración de los bienes de uso público presentes en las zonas marinas y costeras del país; el Instituto Nacional de Pesca – INP, que realiza la investigación y administración de los recursos vivos acuáticos junto con la Subsecretaría de Recursos Pesqueros del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología – INAMHI, responsable de los aspectos climáticos e hidrológicos y ahora parte de la recientemente creada Secretaría de Gestión de Riesgo, esta última, que tuvo  una prueba importante en marzo del 2011, con el tsunami de Japón y sus posibles impactos adversos en las costas ecuatorianas y que será nuevamente confrontada por la proximidad del fenómeno de El Niño, que pronostican los modelos climáticos globales ocurrirá a finales del 2012.

También son actores institucionales determinantes las Autoridades Portuarias, si consideramos el extraordinario potencial de desarrollo que en este sector tiene el país y que más de 90% del comercio mundial se realiza por vía marítima y además que, como ya se señaló anteriormente, el Ecuador está situado de manera privilegiada en el eje central de la Cuenca del Pacífico donde se ubican las mayores economías del planeta. A las citadas entidades que manejan aspectos marítimos y costeros de forma directa, debemos sumar a casi todas las entidades públicas del país pues de alguna u otra forma tiene que ver con temas marítimos y/o costeros, máxime en un país marítimo como el Ecuador. Pero las instituciones, tanto las públicas como las privadas, dependen de las personas que las conforman y en ese aspecto el país requiere con urgencia más especialistas en temas marítimos y costeros a nivel técnico y profesional, y que todos los ciudadanos reciban en su educación, desde la primaria y secundaria, conocimientos claros y precisos sobre el hecho incontrovertible de que son parte de una país marítimo, con todas las ventajas y retos que ello implica.

Conscientes de la necesidad de más ecuatorianos altamente capacitados en temas marinos, desde el 2005 la Universidad Del Pacífico, creó la Facultad del Mar que ofrece carreras especializadas en asuntos de negocios marítimos como las de ingenierías en Comercio Exterior y Trasporte Marítimo y en Administración y Desarrollo Portuario, y ha venido trabajando en la implementación de proyectos que contribuyan al desarrollo sustentable del país como, por ejemplo, la creación de  un centro de investigación científica aplicada denominado “Guayaquil Ciudad Marítima” que busca, desde el ámbito académico, realizar investigación para solución a los problemas actuales de mal uso de las zonas marinas y costeras y apoyar el manejo y la gestión de las mismas en todo el territorio ecuatoriano[9].

Por último, son señales claras del tardío pero esperanzador reconocimiento estatal de la importancia del mar para el futuro del país la reciente creación del Comité Interinstitucional del Mar, mediante el Decreto 990 del 29 de diciembre de 2011 y Registro Oficial 617 del 12 de enero de 2012. El Comité según la norma, está  bajo la responsabilidad del titular de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) o su delegado permanente, quien lo preside y además ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del Estado ante órganos o instituciones nacionales e internacionales, sobre asuntos relacionados al campo del desarrollo e intereses marítimos. También, el Comité será integrado por los Ministros Coordinadores de: Patrimonio; Sectores Estratégicos; Talento Humano; de la Producción, Empleo y Competitividad, y de Seguridad Interna y Externa o sus delegados permanentes (SIGOB, 2012).

De acuerdo con el Decreto 990, el Comité Interinstitucional del Mar tendrá dentro de sus funciones “aprobar y coordinar la política nacional relativa al espacio marítimo” y “vigilar que la cooperación interministerial para temas  del territorio marino costero guarde concordancia con la política intersectorial establecida.” (SIGOB, 2012) La norma en comento también establece que en la SENPLADES, funcionará la Secretaría Técnica del Mar, cuyo titular ha sido designado por el Comité, para responder por el cumplimiento de las directrices emanadas del mismo, para lo cual contará con autonomía administrativa y presupuestaria.

Sumado a lo anterior, pero de mayor importancia y trascendencia, el 22 de mayo de 2012, la Asamblea Nacional autorizó la adhesión del Ecuador a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Tal noticia es un hecho altamente satisfactorio y promisorio para el futuro de un país marítimo como el Ecuador.

La decisión del legislativo nacional es acertada por múltiples razones: en primer término, porque la CONVEMAR es considerada como el segundo instrumento jurídico más importante del Sistema de Naciones Unidas, después de la carta de creación de las ONU. También, porque la Convención representa para muchos la Constitución o Carta Magna de los Mares y Océanos de todo el mundo. Es obvio, que al ser Ecuador el Estado Parte número 163 de la CONVEMAR,  adquiere plenos derechos, que en la anterior condición no disfrutaba; todo ello a cambio de la concesión de no tener un Mar Territorial de 200 sino de 12 millas náuticas y de tener soberanía económica hasta las mismas 200 millas, bajo la figura de la Zona Económica Exclusiva.

Igualmente, las proyecciones futuras de desarrollo marítimo y costero, con base en la privilegiada posición geográfica del Ecuador en el eje central de la Cuenca del Pacífico, con acceso directo a las principales potencias económicas de la tierra: Estados Unidos de América, China y Japón, hacen que la adhesión a la CONVEMAR por el Ecuador le permita aspirar a integrarse a la Comunidad de Cooperación Económica del Asía Pacífico – APEC, con el respaldo que le brinda al país el hecho de de ser Estado Parte de la “Constitución de los Mares” de la cual también son parte la mayoría de los países miembros de la APEC.

En las aulas de la Universidad Del Pacífico es bien conocido el debate sobre las ventajas y desventajas de la adhesión del Ecuador a la CONVEMAR y los catedráticos y estudiantes coincidían en que la adhesión traería muchos más beneficios que perjuicios, los cuales, dicho sea de paso, difícilmente se podría considerar que existiera a las luz de la realidad nacional en materia de manejo de los recursos marinos y costeros del país, donde era prácticamente imposible ejercer una presencia real y efectiva en las 200 millas de Mar Territorial, que consagraba el Código Civil de 1970, en su artículo 628.

Hay conciencia de que la decisión tomada por el Gobierno ecuatoriano fue producto de un arduo y serio proceso de estudio sobre la conveniencia para el país de ser parte de la CONVEMAR, en el cual se consideraron por más de una década tanto los aspectos legales como los científicos y ambientales, contando para esto con el apoyo de importantes instituciones públicas y privadas, que conformaron la Comisión Nacional sobre Derecho del Mar, en especial, de la Armada de la República del Ecuador, que a través de expertos del más alto nivel académico y profesional establecieron sin lugar a dudas que los beneficios de la adhesión eran mucho mayores que cualquier supuesta pérdida de soberanía.

Contrario a los clamores y reclamos de algunos contradictores de la reciente decisión del país, con este paso que se ha dado se abren nuevas perspectivas de desarrollo con base en los recursos marítimos e incluso de incrementar el territorio nacional mediante el hecho concreto y factible de poder solicitar la prolongación de su Plataforma Continental, de las tradicionales 200 millas a 350 millas[10], con base en la proyección natural de su orografía submarina.  El hecho señalado es algo muy importante pues para nadie es un secreto que las riquezas presentes en la Plataforma Continental de un país son de exclusiva exploración y explotación del Estado ribereño que es beneficiado por la CONVEMAR con esa ampliación y que en la plataforma hay recursos naturales vivos y no vivos de incalculable valor para el futuro desarrollo económico del Ecuador.

Finalmente, se concluye la lista de hechos positivos que muestran el despertar de la conciencia marítima ecuatoriana con un evento políticas muy significativos como la reciente firma de la anteriormente citada “Acta de la III Reunión del Consejo Interministerial Binacional Chileno – Ecuatoriano”, el 26 de julio de 2012, en el que entre otros temas, en el ámbito de los “Asuntos Marítimo y Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS)” se resalta:

la importancia de ampliar y profundizar la cooperación sobre asuntos marítimo, fundada en una común visión acerca de los Derechos del Mar así como la plena coincidencia respecto de la vigencia, alcance y contenidos de la Declaración sobre Zonas Marítima de 1952… (Gobiernos de las Repúblicas de Chile y Ecuador, páginas 1 y 2).

Así mismo, “Chile felicita la ratificación por parte de Ecuador de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982” y “… ofrece compartir las experiencias de la participación chilena en la CONVEMAR, y sus diferentes instancias y mecanismos…”

En conclusión la reciente autorización para la adhesión del Ecuador a la CONVEMAR, es un hecho histórico para el desarrollo del país que para la Universidad Del Pacífico implica continuar trabajando, como hasta la fecha lo ha hecho, para responder, desde el ámbito académico, a los nuevos retos que tal decisión demandará, formando profesionales idóneos en el manejo de los temas marítimos.

Si bien todo lo anterior es esperanzador hay que resaltar que la tarea es ardua y llena de dificultades pues se trata, en última instancia, de coordinar el uso y goces de los bienes y servicios que brindan el mar y las zonas costeras, cuyos dueños son todos los ecuatorianos, en beneficio de todos ellos, en un escenario acostumbrado por siglos al beneficio individual, sin la menor consideración de los intereses de los demás.

  

 

[1]  Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar – CONVEMAR, parte VII, Artículos 86 y 87, se entiende que la alta mar es  “… las partes del mar no incluidas en la zona económica exclusiva, en el mar territorial o en las aguas interiores de un Estado, ni en las aguas archipelágicas de un Estado Archipielágico” que está abierta a todos los Estados,  sean ribereños o sin litoral” (ONU, 1984).

[2] El término pelágico se utiliza para denominar a los organismos marinos que viven en la columna de agua, en alta mar. Perteneciente al océano, se refiere a las aguas, sea cual sea la profundidad o situación con referencia a la línea de la orilla. Dícese también de los peces que pueblan las aguas superficiales (Glosario.Net, 2010).

[3]  El Nudo es una medida de la velocidad de los buques o artefactos navales que equivale a    una milla por hora. Una milla náutica son 1852 metros.

[4]  Cetáceo es un orden biológico que agrupa a las especias de mamíferos estrictamente acuáticos que tienen adaptaciones corporales especiales como aletas, cuerpos fusiformes con hidrodinámica, válvula que impide el ingreso de agua al sistema respiratoria durante la inmersión y que en esencia viven un 100% del tiempo dentro del agua. A ellos pertenecen las ballenas y los delfines (Trujillo, 2005)

[5] Actualmente la Comisión Permanente del Pacífico Sur – CPPS, está integrada por cuatro países: Colombia, Chile, Ecuador y Perú, ya que Colombia se hizo parte de esta organización Intergubernamental en 1979.

[6] Ante el “fracaso” del Acuerdo de Galápagos de 2000, Chile en unión de los gobiernos de Australia y de Nueva Zelanda propuso, en el 2006,  la creación de la Organización Regional para el Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur, que cubre un amplio territorio marítimo del océano Pacífico, que sobrepasa ampliamente la Alta Mar aledaña a los 4 países miembros de la CPPS.

[7] Las especies de peces Transzonales son aquellas que dentro de su ciclo de vida se desplazan periódicamente desde la Zonas Económicas Exclusivas de los Estados Ribereños hacia la Alta Mar y viceversa.

[8] De acuerdo Censo Económico y de Población, realizado en el Ecuador en el 2010, por el Instituto Nacional de Estadística y Censo del Ecuador, en la Región Costa hay 83 cantones que aproximadamente el 49,6% de la población total del Ecuador.

[9] El Centro de Investigación Aplicada “Guayaquil Ciudad Marítima” ofrecerá aplicaciones en materia de:

  • Perfeccionamiento de la gestión de puertos a través de sistemas informáticos;
  • Fortalecimiento de la administración de datos e información para el manejo integrado de la zona costera;
  • Estudio sobre la normatividad aplicada a la administración y desarrollo de la zona costera y marina, y propuestas para su adecuación a las necesidades del desarrollo sostenible;
  • Valoración de los recursos naturales marinos y de la biodiversidad, considerando el servicio ambiental que prestan;
  • Evaluación del impacto de las actividades antrópicas en los ecosistemas marinos y costeros, y utilización de la modelación numérica para la gestión de riesgos naturales y antrópicos de origen marino;
  • Estudios sobre la institucionalidad y los actores involucrados en el manejo de la zona costera, para proponer mecanismos eficientes de trabajo integrado;
  • Estudios de los conflictos por uso de los bienes de uso público de la zona costera y mecanismos de solución a la problemática;
  • Evaluación de la preparación del país para el cambio climático global en las zonas costeras y marinas, y propuestas para la mitigación de sus efectos adversos y la adaptación al mismo, entre otras.

 

[10] Sin la CONVEMAR el territorio marítimo del Ecuador es de 1´111818 kilómetros cuadrados. Si se logra la extensión de la Plataforma Continental en virtud a la adhesión del Ecuador a la CONVEMAR, el territorio marítimo nacional podría pasar a ser de 1´291.404,91 kilómetros cuadrados, es decir se incrementaría en 87690  kilómetros cuadrados, aproximadamente.

 

 

Bibliografía

Chiriboga, H.  Las Ballenas en el Pacífico Sur Oriental,

Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador – INOCAR. Ecuador, 1972.

Dirección General de Intereses Marítimos – DIGEIM de la

Armada del Ecuador. Ecuador y los Intereses Marítimos, DIGEIM. Quito, Ecuador, 2004.

Gobiernos de las Repúblicas de Chile y de Ecuador. Acta de la III Reunión del Consejo Interministerial Binacional Chileno-Ecuatoriano. Quito, Ecuador. 2012.

Naciones Unidas. El Derecho del Mar – Convención de las

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Naciones Unidas. Nueva York, 1984.

Palacios M. y F. Mindiola. Conveniencia para el Ecuador de

Ser Parte de la Nueva Organización Regional para el Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur”, Tesis Maestría Universidad del Mar/Universidad Naval “Comandante Rafael Morán Valverde”, Guayaquil, Ecuador. 2011.

Palacios M. Retos para un país marítimo. En Revista

INFORMAR, No. 4, enero de 2012.  INFORMAR, Órgano de Difusión de la Cámara Marítima del Ecuador – CAME. Guayaquil, Ecuador. 2012.

SECRETARÍA GENERAL COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO

SUR. Convenios, Acuerdos, Protocolos, Declaraciones, Estatuto y Reglamente de la CPPS. Tercera Edición, 2007. Guayaquil,  Ecuador.

SIGOB,  Decreto 990 de 2011.

http://www.sigob.gob.ec/decretos/   Marzo de 2012.

Trujillo, J., Rodríguez, M., Díaz-Granados, D & Tirira A.

González. Mamíferos Acuáticos & Relaciones con el agua, Conservación Internacional. Bogotá, Colombia.

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